Amnistía denuncia violaciones y suicidios en centros de menores

Aministía Internacional ha denunciado hoy los abusos que se cometen en centros de menores que se encuentran bajo la tutela del Estado y algunas comunidades autónomas. En concreto, afectaría a los centros de Andalucía, Cataluña y Madrid, comunidades que concentran el 55% de los centros terapéuticos para menores con problemas de conducta de toda España.

Según esta organización, los responsables de estos centros "no vigilan la impunidad" con la que se actúa sobre los menores. Se trata en todos los casos de centros terapéuticos custodiados por administraciones públicas.

Los niños ingresados en estos centros pueden "ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en contra de su voluntad" y todo, con "total impunidad" porque su existencia y su realidad son "invisibles".

Aministía ha hecho pública esta denuncia en la presentación de un informe titulado "Si vuelvo, me mato", basado en 150 entrevistas con más de medio centenar de menores, además de familiares y educadores de distintos centros de menores de las autonomías donde se ha desarrollado la investigación.

"Si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si le diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días aislada en una habitación y si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, el fiscal o la autoridad judicial me la quitaría. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI, no pasa absolutamente nada", denunció el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.

Contenciones y ataduras

La organización presentó el testimonio de una de las personas que han sufrido algunos de los abusos denunciados en su paso por los centros de menores. A sus 25 años de edad, Sara Casas contó a los medios cómo pasó de un centro de protección de Cataluña a recorrer cuatro instalaciones terapéuticas de Andalucía sin siquiera saber que iba a ser trasladada de comunidad autónoma.

Fue internada en el centro de protección terapéutico "Dulce Nombre de María" de Málaga a los 15 años, ha confesado que "me pegaron durante años, me han atado a la cama, me han puesto esparadrapos en la boca y me pinchaban mañana y tarde".

Según explicó la investigadora de Amnistía Internacional Elena Estrada, esto es lo que ocurre en los centros porque entre los castigos más frecuentes están el amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de alimento hasta tres días, encerrarles en "celdas de aislamiento una semana o dos", prohibir las visitas familiares u obligarles a permanecer 24 horas de pie.

Además, denunció que se aplican contenciones físicas (sujecciones), mecánicas (ataduras) y farmacológicas (con medicamentos) "con objetivo de castigar al menor", y no como tratamiento o como respuesta a un momento puntual de crisis.

Fármacos como castigo

En este sentido, Amnistía incide en la violación de derecho a la salud de estos niños, a quienes "se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica" y que pese a tener el derecho reconocido de conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido 12 años de edad, no reciben información sobre los fármacos que están siendo obligados a ingerir.

"Cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física o sobre celdas de aislamiento no tiene supervisión judicial, ni fiscal y menos autorización judicial, con lo cual, estas medidas que en muchos casos son violaciones de derechos humanos dependen del criterio de cualquier educador o cualquier personal de estos centros", denunció Esteban.

'Indefensos, invisibles'

Ante estos abusos, los menores los menores se encuentran "desprotegidos" ya que, según explica el informe, no disponen de mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus interlocutores son los trabajadores del centro, que en muchos casos son quienes cometen los abusos. Si la queja prospera y hay juicio, la citación llega al propio centro, que tiene conocimiento de la situación incluso antes que el menor interesado.

"Están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables porque nadie sabe cuántos son y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen, y porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes", explicó Beltrán, para incidir en que en un 53% de los casos ni siquiera hay una decisión judicial que avale el ingreso del niño en uno de estos centros.

Fuente: Elmundo.es

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