Por 17 votos en contra, 15 a favor y una abstención, la Cámara Alta rechazó el proyecto en primer trámite, que concedía beneficios carcelarios a ex uniformados implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Tras un breve debate sobre si procedía reglamentariamente votar o no la moción patrocinada por los senadores Jorge Arancibia, Hernán Larraín y Baldo Prokurica y por los ex senadores Edgardo Boeninger y Enrique Silva Cimma, la Mesa del Senado optó por someter a votación el proyecto. La abstención corrió por parte del senador Adolfo Zaldívar (DC).
La iniciativa concedía el beneficio de cumplir una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, salvo que la pena impuesta por los tribunales fuese inferior a ésta, a las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren procesadas actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal, cometidos por agentes del Estado, entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990.
Este beneficio pretendía igualar el concedido a los condenados por acciones terroristas en el mismo periodo.